Comunicación, Reputación y Asuntos Públicos

La importancia de la transparencia en los Asuntos Públicos

La importancia de la transparencia en los Asuntos Públicos

En la sociedad del siglo XXI, la transparencia es un valor fundamental tanto en las relaciones personales como en las relaciones entre empresas y consumidores.

Como se puede extrapolar del 2º estudio Marcas con Valores: “El poder del Consumidor – Ciudadano, también en España los consumidores quieren marcas honestas, coherentes, de confianza y sobre todo transparentes. Es decir, aquellas marcas que en su gobierno corporativo hayan incluido políticas de transparencia tendrán mejor reputación y no tardarán mucho en ganar la confianza de sus stakeholders.

Por lo contrario, todos conocemos casos mediáticos donde la falta de transparencia ha comprometido, a veces de forma irreversible, la reputación y el negocio de grandes compañías. Sobre este tema, os recomiendo el último post de Paco Polo en nuestro blog.

Trasladado al mundo de los public affairs, se entiende perfectamente como el ciudadano-consumidor pueda exigir la misma dosis de transparencia en las relaciones entre público y privado. Se trata de una asignatura pendiente que tarda en llegar a nuestro país, a pesar de la periodicidad con la que los informes GRECO del Consejo de Europa recomiendan a España regular la actividad del lobby.

¿Por qué es necesaria la transparencia en las relaciones público-privado?
La incidencia en las políticas públicas por parte de la sociedad civil organizada es muy importante para el desarrollo de cualquier democracia.

Que el regulador conozca el punto de vista de los cazadores y de los animalistas en la elaboración de la ley de caza es imprescindible. Que el ayuntamiento de Barcelona dialogue y escuche tanto a los colectivos de vecinos como a las plataformas en línea, antes de regular los pisos de alquiler turístico, debería ser algo natural. Podría citar muchísimos más ejemplos y todos con el mismo objetivo: demostrar que la representación de intereses particulares ante los poderes públicos es una actividad digna y legítima.Y la legitimación hoy en día pasa también por la vía de la transparencia.

¿En qué punto está la regulación del lobby en España?
Aunque se hayan hecho pasos importantes a través de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre), la institución del Consejo por la Transparencia y Buen Gobierno y la digitalización de la administración pública, sigue todavía en un limbo la regulación del lobby tanto en las Cortes como a nivel de ejecutivo.

No es que hayan faltado propuestas al respecto, como nos señala Rafa Rubio en varios de sus escritos. Desde la transición hasta la actual legislatura, la intención de regular la representación (legítima) de intereses ante los poderes públicos a nivel central nunca ha llegado a prosperar.

Mientras tanto, otros órganos del estado (el caso de la CNMC), comunidades autónomas (Cataluña y Castilla – La Mancha) y ayuntamientos (el de Madrid) se han adelantado a Gobierno y Parlamento creando sus propios registros de grupos de interés.

Igual que en Bruselas, donde existen registros ante la Comisión y el Parlamento, una parte, aunque mínima, de la administración pública española ha empezado su proceso de adaptación hacia la transparencia en los asuntos públicos.

Transparencia, esa palabra mágica que hoy en día todos, a partir de los consumidores, quieren ver aplicada en el desarrollo de nuestra sociedad.

¿Pero hay límites a la transparencia?

Por supuesto. Hay información confidencial que en ningún caso debería estar bajo la lupa de la opinión pública. Y no porque haya algo que ocultar sino porque un plan de negocio o un documento de presentación de una nueva tecnología no debería estar en manos de la competencia con la excusa de la transparencia.

En este sentido, la transparencia no es un fin absoluto. Nadie sueña con un mundo como el de la película El Círculoo con el Gran Hermano de 1984. Pero sí es un medio para alcanzar una sociedad madura, donde todos sus públicos –incluso la administración pública y la sociedad civil– puedan tener una interlocución, en el pleno respecto de las reglas del juego.

Por Andrea Vota, Gerente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)

 

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